En 2012 Telefónica disminuyó su beneficio un 27% hasta 3.928 millones de euros. Debido a la situación de alto endeudamiento (deuda financiera neta de 51.529 millones a cierre de 2012), en julio de 2012 la compañía anunció la cancelación del dividendo de 2012, dos meses después de haber afirmado en distintos foros que se mantendría. Hasta aquí nada anormal excepto el clamoroso incumplimiento de una promesa repetida en los meses previos.
En la presentación de resultados de 2012 Telefónica ha informado de dos pagos extraordinarios de 24,7 y 10,8 millones de euros, respectivamente. El primero, aunque se presume que su salida fue voluntaria, en concepto de “indemnización” a Julio Linares, consejero delegado de la entidad hasta septiembre de 2012, Como consejero delegado, durante los años que ha permanecido en el cargo ha tenido remuneraciones anuales altamente competitivas. Por ejemplo, su retribución en 2011 ascendió a 5,11 millones de euros, de los cuales 1,97 millones fueron en concepto de sueldo, a los que se sumaron casi 650.000 euros en otros conceptos. Por el momento, de 2012 solo está disponible su remuneración variable a corto plazo, que sumó 3,33 millones. Aún así, el Consejo de Administración de Telefónica acordó “indemnizarle” con los 24,7 millones citados. Tras esta desvinculación laboral, Julio Linares permanece como vicepresidente no ejecutivo de la compañía, presumiblemente con remuneración.
Otros dos históricos directivos de Telefónica, Luis Abril y Calixto Ríos, también se desvincularon laboralmente de Telefónica en 2012. Ambos recibieron una indemnización que suma 10,8 millones de euros, una media de 5,4 millones cada uno (desconocemos cómo se reparten esos 10,8 millones). Posteriormente, Luis Abril ha sido nombrado en enero miembro del Consejo Asesor de Telefónica para Europa, presumiblemente con remuneración.
Cuando el anterior Presidente de Telefónica, Juan Villalonga, salió de la compañía en 2000, recibió una indemnización de 27,1 millones de euros. Su remuneración durante los años en el cargo estuvo entre las más altas del Ibex. Aún así, recibió esa indemnización. Algo semejante ocurrió cuando Alfonso Cortina abandonó en 2004 la presidencia de Repsol tras ocho años en el cargo: recibió una indemnización de 20,2 millones de euros. El patrón se ha repetido en muchas grandes empresas anteriormente públicas, en importes de distinta cuantía. Esto es: ejecutivo nombrado a dedo, con remuneración fija y variable anual de alto calibre y que cuando cesa voluntariamente o es cesado, recibe además una indemnización millonaria.
Telefónica ha demostrado una gran insensibilidad social en los casos de Iñaki Urdangarín y Rodrigo Rato. El primero permaneció vinculado al grupo mucho después de ser imputado por el caso Noos. Y el segundo fue contratado como asesor después de ser imputado en el caso Bankia. A esta insensibilidad, que ha provocado la indignación de miles de ciudadanos en las redes sociales, se añaden ahora estas indemnizaciones, cuestionables teniendo en cuenta que se trata de bajas voluntarias y la muy generosa remuneración fija y variable de la que han disfrutado como altos ejecutivos de Telefónica. Más aún si se tiene en consideración que en los cinco últimos años la acción de Telefónica ha perdido el 43% de su valor. Por eso las siguientes preguntas: ¿Cómo se justifican estas indemnizaciones? ¿Estaban recogidas en el contrato de alta dirección? ¿Hubo despido improcedente? –(no parece el caso, toda vez que algunos de los beneficiarios continúan trabajando para el grupo)– ¿Se pactó la indemnización en el momento de desvinculación laboral como “agradecimiento adicional” por los servicios prestados?
En paralelo a este tipo de indemnizaciones en las grandes empresas, existe la otra realidad social, la de la mayoría. Junto a la tragedia del paro, millones de asalariados españoles malviven con sueldos muchas veces miserables, que ahora incluso sufren recortes. El contraste de los pobres salarios de una mayoría de la población laboral con las millonarias remuneraciones de algunos de los altos ejecutivos y consejeros de las grandes empresas resulta realmente obsceno. Y lo es porque en un mismo hábitat conviven tres perfiles humanos con destinos muy diversos: el del ejecutivo que termina su vida laboral siendo multimillonario, el del empleado medio que como reconocimiento a su vida laboral a lo sumo recibe un reloj de regalo al jubilarse, y el del empleado en tiempos de crisis que es enviado al paro casi a patadas y con un ERE que le reconoce 20 días de salario por año trabajado con un tope de 12 mensualidades. Un mismo hábitat, tres clases de hombres.
Telefónica es una empresa privada y por la tanto la remuneración de sus directivos y consejeros es cuestión que atañe solo a su Consejo y accionistas. Es más, dichas remuneraciones deben ser aprobadas por la Comisión de Retribuciones dentro del Consejo. Sin embargo, y con independencia de esta soberanía, el contrato social en el que se basa la convivencia de las sociedades modernas corre peligro de romperse cuando las diferencias alcanzan niveles estratosféricos como los actuales. Tristemente, las élites económicas, en vez de dar ejemplo, son precisamente el ejemplo de lo que no debe hacerse. Detrás de estos injustificables niveles de remuneración hay una codicia y un egoísmo extraordinarios, contribuyendo a ahondar aún más el diferencial entre ricos y pobres, y en consecuencia a desestructurar la sociedad, con riesgo de quiebra. Este es el gran problema sin resolver del capitalismo. Y este es un problema al que deben ser muy sensibles los Consejos de Administración de las empresas cotizadas en el siglo XXI. Y el Consejo de Administración de Telefónica, en mi opinión, no parece nada sensible a ello.
En Suiza la “iniciativa contra los salarios abusivos” del Senador Thomas Minder ha merecido la aprobación de casi el 70% de los votantes en el referéndum del domingo 3 de marzo. En el fondo esta iniciativa viene a reconocer que una equilibrada remuneración por el factor trabajo es esencial para la convivencia ordenada de la sociedad. Pero es también un triste reconocimiento de que en ausencia de auto regulación es preciso arbitrar reglas que limiten la codicia y el deseo de acumulación de una parte de la sociedad, precisamente la parte más privilegiada y que por los recursos de los que ya dispone debiera liderar con el ejemplo.
Joaquín Tamames, 3 marzo 2013